El procurador general del Estado, Iñigo Salvador, considera que tras la sentencia en firme contra Rafael Correa por cohecho en el caso «Sobornos 2012-2016», «lo que corresponde es la extradición» para que cumpla su condena en el país.
Radicado en Bélgica desde 2017, Correa había sido requerido en 2018 por la Justicia ecuatoriana en otro caso, el del secuestro del opositor Fernando Balda.
Pero en aquella ocasión Interpol rechazó la solicitud de arresto con fines de extradición al considerar que «la retención de los datos no era compatible con su obligación de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos».
En entrevista con Efe, Salvador recuerda que entonces se había emitido «una orden de difusión para que sea aprehendido a fin de que compareciera en el juicio del caso Balda», pero que «ahora, estamos hablando de una sentencia ejecutoriada de un tribunal de justicia».
Aunque reconoce que los condenados aún tienen la posibilidad de solicitar protección a la Corte Constitucional o recurrir a instancias internacionales como la CIDH, el proceso de ejecución de la condena seguirá su curso independientemente.
«Lo que corresponde es la extradición para que un delincuente cumpla su pena en el sistema de ejecución de penas ecuatoriano», insiste Salvador, desde 2018 en un cargo con cuatro años de mandato.
A quien corresponde iniciar el trámite es a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que «de Gobierno a Gobierno, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores» solicita a la Justicia belga la extradición del ciudadano ecuatoriano en ese país. Precisa que Correa tiene derecho a hacerse oír ante la Justicia belga, que será la instancia que deba resolver si lo extradita.
La gestión de petición de la orden de difusión roja a Interpol -de búsqueda y captura- corre a cargo del Ministerio de Gobierno, que deberá cursar directamente a la organización policial internacional.
Para el resto de condenados como parte de la misma trama se dan diferentes escenarios: los privados de libertad, los que están en paradero desconocido, los que se encuentran en sedes diplomáticas en Ecuador y los fugados de la Justicia en el extranjero.
En ese sentido, el procurador reconoce que «las circunstancias personales de todos estos personajes hacen muy difícil la ejecución de los actos de reparación».
